45 minutos me tomó abrir una cuenta en Estados Unidos (EU), desde que entré hasta que salí con una cuenta corriente, una de ahorros y una tarjeta débito VISA. Únicos requisitos, mi pasaporte y una dirección de correo en EU. No hice ninguna cita especial, solo escogí una sucursal conveniente de un banco de primera y una mañana entré.
¿Qué es lo que ha pasado en Panamá? Acá, abrir una cuenta en cualquier banco es una experiencia tediosa. Aunque tengas toda la documentación lista, tomará varios días hasta que te aprueben. Serás verificado en las listas de terroristas, traficantes de armas y lavadores de dinero. En Panamá, se ha invertido el concepto de buena fe y ahora se presume la mala fe. No dudo que el banco en EU verificará si aparezco en esas listas, pero es si hago depósitos y movimientos inusuales que difieran con el objetivo de uso que manifesté al oficial, que dedicarán recursos para indagarme. El asunto es que allá hay fiscalización, justicia y certeza del castigo, no simplemente una exigencia de información excesiva e irrelevante para la apertura de una cuenta.
La insensatez de la situación en Panamá es evidente para cualquiera. Entre nuestro débil sistema judicial y nuestra proclividad a no ser proactivos sino a reaccionar, se nos ha olvidado mirar alrededor y ver hacia dónde estamos yendo y a dónde pudiéramos ir. En el artículo, El empapelamiento de Panamá (La Prensa, 4 julio 2016), Roberto Brenes describe la situación panameña como un círculo vicioso: “la incompetencia produce incumplimiento; la politiquería, la falta de rendición de cuentas; y la mala fe, la noción de que ahuyentar es mejor que satisfacer. La salida siempre es inventar nuevos trámites y requisitos. El resultado es al revés, una burocracia incompetente que no puede fiscalizar lo existente, menos podrá fiscalizar más y así, otra vez, nuevos requisitos”. Y añade: “La falsa disyuntiva es seguir cumpliendo a medias y sometiendo a los sectores regulados a costosas e inconsistentes normas en un entorno débil y corrupto, mientras que los competidores nos quitan el negocio. O mejorar la calidad de nuestro entramado regulatorio, reducir la discrecionalidad de los funcionarios, reducir las barreras de la competencia sin sacrificar reglas prudenciales y promover mecanismos de autorregulación. En otras palabras, menos normas, mejor puntería”.
La iniciativa anunciada por el MEF en febrero pasado, en el foro Widening Pathways to Open Societies es una hoja de ruta para cambiar el paradigma actual. Es una visión ambiciosa, pero coherente sobre el futuro de nuestra plataforma de servicios. Lo primero fue reconocer que nuestro principal competidor regional es Miami. Lo segundo, determinar a quién queremos parecernos: Singapur. Luego, preguntarse: ¿Qué hay que hacer para que se gestionen más fondos de inversión desde Panamá? ¿Por qué no hay empresas con proyectos de innovación y tecnología financiera (Fintech)? ¿Por qué no crear un centro de pagos y banco liquidador regional y multidivisa? ¿Por qué no creamos una serie de vehículos legales y financieros que se ajusten a las necesidades de cumplimiento y fiscalidad de los ciudadanos de países de la OCDE? ¿Qué hay que hacer para que las regulaciones sean menos y mejores? ¿Cómo podemos mejorar la organización de nuestras agencias regulatorias de los mercados de capitales, el centro bancario y de seguros?
Ricardo Zubieta, jefe de gabinete del MEF, indicó en el mencionado foro, que el próximo paso sería establecer prioridades para trabajar cada objetivo. Espero que el MEF logre mantener el ritmo actual y comencemos a picar por delante. Para no ahogarnos en papeles, nuestra plataforma de servicios requiere un marco legal e institucional que simplifique trámites, reduzca costos de transacciones y de hacer negocios, incentive la innovación y la calidad, atraiga inversión y sea, a la vez, capaz de ofrecer confianza al mundo entero.
Publicado en Revista K, edición marzo 2017.
¿Qué es lo que ha pasado en Panamá? Acá, abrir una cuenta en cualquier banco es una experiencia tediosa. Aunque tengas toda la documentación lista, tomará varios días hasta que te aprueben. Serás verificado en las listas de terroristas, traficantes de armas y lavadores de dinero. En Panamá, se ha invertido el concepto de buena fe y ahora se presume la mala fe. No dudo que el banco en EU verificará si aparezco en esas listas, pero es si hago depósitos y movimientos inusuales que difieran con el objetivo de uso que manifesté al oficial, que dedicarán recursos para indagarme. El asunto es que allá hay fiscalización, justicia y certeza del castigo, no simplemente una exigencia de información excesiva e irrelevante para la apertura de una cuenta.
La insensatez de la situación en Panamá es evidente para cualquiera. Entre nuestro débil sistema judicial y nuestra proclividad a no ser proactivos sino a reaccionar, se nos ha olvidado mirar alrededor y ver hacia dónde estamos yendo y a dónde pudiéramos ir. En el artículo, El empapelamiento de Panamá (La Prensa, 4 julio 2016), Roberto Brenes describe la situación panameña como un círculo vicioso: “la incompetencia produce incumplimiento; la politiquería, la falta de rendición de cuentas; y la mala fe, la noción de que ahuyentar es mejor que satisfacer. La salida siempre es inventar nuevos trámites y requisitos. El resultado es al revés, una burocracia incompetente que no puede fiscalizar lo existente, menos podrá fiscalizar más y así, otra vez, nuevos requisitos”. Y añade: “La falsa disyuntiva es seguir cumpliendo a medias y sometiendo a los sectores regulados a costosas e inconsistentes normas en un entorno débil y corrupto, mientras que los competidores nos quitan el negocio. O mejorar la calidad de nuestro entramado regulatorio, reducir la discrecionalidad de los funcionarios, reducir las barreras de la competencia sin sacrificar reglas prudenciales y promover mecanismos de autorregulación. En otras palabras, menos normas, mejor puntería”.
La iniciativa anunciada por el MEF en febrero pasado, en el foro Widening Pathways to Open Societies es una hoja de ruta para cambiar el paradigma actual. Es una visión ambiciosa, pero coherente sobre el futuro de nuestra plataforma de servicios. Lo primero fue reconocer que nuestro principal competidor regional es Miami. Lo segundo, determinar a quién queremos parecernos: Singapur. Luego, preguntarse: ¿Qué hay que hacer para que se gestionen más fondos de inversión desde Panamá? ¿Por qué no hay empresas con proyectos de innovación y tecnología financiera (Fintech)? ¿Por qué no crear un centro de pagos y banco liquidador regional y multidivisa? ¿Por qué no creamos una serie de vehículos legales y financieros que se ajusten a las necesidades de cumplimiento y fiscalidad de los ciudadanos de países de la OCDE? ¿Qué hay que hacer para que las regulaciones sean menos y mejores? ¿Cómo podemos mejorar la organización de nuestras agencias regulatorias de los mercados de capitales, el centro bancario y de seguros?
Ricardo Zubieta, jefe de gabinete del MEF, indicó en el mencionado foro, que el próximo paso sería establecer prioridades para trabajar cada objetivo. Espero que el MEF logre mantener el ritmo actual y comencemos a picar por delante. Para no ahogarnos en papeles, nuestra plataforma de servicios requiere un marco legal e institucional que simplifique trámites, reduzca costos de transacciones y de hacer negocios, incentive la innovación y la calidad, atraiga inversión y sea, a la vez, capaz de ofrecer confianza al mundo entero.
Publicado en Revista K, edición marzo 2017.
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