«Sin la justicia, ¿qué serían en realidad los reinos sino un vasto pillaje?
¿Y qué son las bandas de ladrones, sino pequeños reinos?», escribió San Agustín de Hipona en La ciudad de Dios, mientras presenciaba el saqueo de Roma por los
visigodos y cómo se desmoronaba el sistema de derecho, corazón de la
civilización romana.
Por reino, no se debe entender monarquías sino países o Estados.
Así, 1,600 años más tarde, y del otro lado del Atlántico, en este pequeño país
que queremos llamar república, el sentido de la cita resuena en nuestros oídos.
Hay una sensación generalizada de que no hay justicia, que fuimos sometidos a
un vasto pillaje y que, sin ella, pudiera desaparecer nuestra incipiente república.
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| Marcha contra la impunidad, ciudad de Panamá. 27 enero 2017 Foto: Jaime Raúl Molina |
Sin importar su forma de gobierno, si no hay justicia, los Estados
se convierten en mecanismos para que quienes detentan el poder expolien a la
población: aprovechan su situación para beneficio propio, de sus amigos y
familiares, para otorgar privilegios a ciertos grupos a costa de otros, y para
proteger a sus allegados. Los ciudadanos no tienen manera pacífica de defender
sus derechos y tienen que soportar el costo de estos privilegios. En este
Estado, el jefe de la banda de ladrones es presidente y ejecuta bajo el halo de
su autoridad una gran expoliación.
Popularmente, siguiendo a Rousseau, se dice que la soberanía
reside en el pueblo, pero en una república en realidad la soberanía debe estar
dividida en varios cuerpos de tal forma que haya un sistema de frenos y
contrapesos y que ningún poder pueda instaurar una tiranía. Por eso se dividen
los poderes fundamentales del Estado en el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial;
se atribuyen garantías a los individuos que quedan exentas del poder que tiene el
legislativo; se crea un tribunal electoral independiente para garantizar que
pueda haber elecciones libres, se defiende la libertad de prensa para que no
haya un pensamiento único y se descentralizan las facultades del Ejecutivo para
dispersar el poder económico del gobierno central. El objetivo de todo esto es
dividir la concentración de poder para disminuir el riesgo de una autocracia y
la dictadura de un pensamiento único y crear las condiciones para que haya
justicia.
¿Y qué es la justicia? La definición preeminente es la del jurista
romano Ulpiano, según quien «la justicia
es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho». La justicia no es que me den lo que yo quiero o que le den al
otro lo que creo que le deben dar, es darle a cada uno lo que es suyo en
derecho. Si a alguien le roban algo que le pertenecía en derecho, entonces de
acuerdo a la justicia, debe devolvérsele al propietario original. Es lo que le
toca. Y si nuestros jueces y fiscales no son capaces de establecer qué es lo
que corresponde en derecho a cada uno, entonces no hay justicia.
Es tarde para lamentarse, pero fue un error de esta administración
no haber creado una fiscalía especial, dotada con los recursos económicos
necesarios para investigar las denuncias de corrupción y abuso de poder de la
administración anterior. Apenas ahora se creó una fiscalía especial para
investigar los casos relacionados a Odebrecht. También se adelantó tácticamente
el gobierno anterior, dilatando la implantación del sistema penal acusatorio,
como una forma de garantizarse que no hubiera justicia al mantener por más
tiempo en vigencia el sistema penal inquisitivo.
Para una sociedad abierta es fundamental un sistema judicial que
sea capaz de resolver conflictos entre terceros con celeridad y de manera
independiente, que defienda los derechos de propiedad ante el fraude y el robo,
y que castigue a las autoridades que abusen de su poder. Sin justicia no hay
paz, no hay ahorro, no hay creación de riqueza, no hay desarrollo tecnológico,
cultural, artístico, académico y científico sostenido, profundo y diverso, sino
simplemente una élite extractiva enquistada. En este 2017, que nuestros jueces
y fiscales tengan la valentía para hacer lo que deben hacer. Publicado en Revista K, edición Enero de 2017, No. 112, pág. 111.
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